El buen español ya es inclusivo

(Por mucho que les pese a algunos políticos)

Asistimos en nuestros días a un claro retroceso de la libertad en lo que atañe al uso del lenguaje. La tiranía de la corrección política, es decir, la dictadura progre está tan asentada en tantas de nuestras instituciones que se nos obliga o bien a mantenernos en silencio, es decir, a autocensurarnos, o bien a echar mano del circunloquio o del eufemismo para no ofender a los nuevos inquisidores, quienes pretenden, por ejemplo, expurgar el Diccionario de la Lengua Española para acomodarlo al pensamiento líquido, o reescribir determinadas obras clásicas para someterlas al imperio de la inteligencia emocional sobre la racionalidad, a la tarea de adoctrinar en lugar de educar.

Pues bien, una de las armas que con más eficacia contribuye a esa recesión de la libertad lingüística es la que conocemos con el sintagma «lenguaje inclusivo» o «jerga inclusiva».

En 2018, la que era por aquel entonces vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, denunció en sede parlamentaria que «tenemos una Constitución en masculino, de ministros y diputados, que se corresponde a hace cuarenta años» y anunció que era intención del ejecutivo promover una reforma de la Ley de leyes para que se adecuara a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero [sic] a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». La ministra Irene Montero, en una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el día 20 de octubre de 2021, fue un paso más allá que Carmen Calvo al afirmar con rotundidad que «un país feminista debe tener una Constitución feminista».

El caso es que la vicepresidenta Calvo envió una carta al director de la RAE solicitando «un estudio de la Real Academia Española sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en nuestra carta magna». Y esto es un buen ejemplo de lo que está ocurriendo en España en los últimos años: el firme empeño de los gobernantes por abordar cuestiones que son estrictamente lingüísticas desde una perspectiva ideológica y política, es decir, el afán nada disimulado por intervenir desde el poder en el proceso de innovación y cambio de nuestro idioma.

La RAE constituyó una ponencia formada por dos académicas (Inés Fernández Ordóñez y Paz Battaner) y dos académicos (Guillermo Rojo y Pedro Álvarez de Miranda) que dio como resultado un texto titulado Informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española, elaborado a petición de la Vicepresidenta del Gobierno. La conclusión a la que llegan los ponentes no deja lugar a dudas: «el texto constitucional utiliza un español correcto en términos normativos. […] Esta misma conclusión se extiende a los grupos nominales en masculino con interpretación inclusiva. […] No hay, pues, razones gramaticales ni de inteligibilidad semántica que obliguen a modificar la redacción».

Lo importante es el hecho de que los autores del informe son muy claros: «no hay razones gramaticales». Es decir, los redactores del documento le están diciendo claramente a la vicepresidenta Calvo que nuestra Constitución se ajusta a los preceptos gramaticales, de modo que, si se empeñan en cambiar su lenguaje, únicamente sería por razones ideológicas y nunca por motivos filológicos.

Más allá de lo estrictamente gramatical, el Informe deja un par perlas a modo de conclusión. La primera es que «Cualquier gobierno debe trabajar para que en nuestra sociedad se generalice el trato verbal respetuoso hacia hombres y mujeres. […] Pero, como se ha explicado en las páginas precedentes   de este informe, todo ello es por completo independiente de las diferencias convencionales entre las lenguas. Tal y como se ha recordado, las situaciones de igualdad o desigualdad entre hombres y mujeres en determinados países (europeos o no) son enteramente independientes de las opciones gramaticales que cada idioma elige en dichos territorios para codificar la interpretación inclusiva del género masculino».

He aquí uno de los argumentos más especiosos de todo el informe: la gramática no tiene la culpa de los males que aquejan a la sociedad. Aunque nuestra Ley de leyes fuera muy inclusiva y se llenara de dobletes de los dos géneros por la negación del masculino inclusivo, eso no garantizaría que en España se alcanzase la igualdad entre la mujer y el hombre en terrenos donde todavía no se ha conseguido.

La segunda perla hace hincapié en la libertad del hablante y de cómo esa libertad no puede ser usurpada ni por las instituciones ni por la ideología de lo políticamente correcto. Y es que este tinglado del lenguaje inclusivo tiene que ver con nuestra libertad como hablantes y usuarios de nuestra lengua. Porque, efectivamente, lo que nos estamos jugando es nuestra propia libertad individual a la hora de usar nuestra lengua, puesto que los cambios no se nos pueden imponer por las instituciones. Somos los hablantes los que con el uso vamos construyendo toda una tradición, que luego será o no recogida en la Gramática: «Precisamente porque ello es así [los hablantes son los dueños de la lengua], debe confiarse en la conciencia lingüística de los hispanohablantes para averiguar si en nuestra lengua son o no inclusivos los sustantivos masculinos de persona […]. Resultaría escasamente democrático sostener que los hablantes nativos  desconocen si esos sustantivos son o no inclusivos —o, lo que sería aún peor, negarles la capacidad de determinarlo—, y entender que han de ser los poderes públicos quienes lo decidan, en virtud de su compromiso con la igualdad de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad». Estamos ante una abierta y nada equívoca proclamación de la libertad lingüística frente a la imposición totalitaria por parte de los poderes públicos.

A la vista de lo que se oye y se lee, me temo que a este documento le han hecho muy poco caso los gobernantes. Cada día aparecen creaciones léxicas que son sorprendentes ocurrencias propuestas por los partidarios del lenguaje inclusivo. La actual ministra de Igualdad, por ejemplo, ha decidido sustituir los morfemas -o/-a por -e, entendiendo que esta vocal neutralizaría aquella oposición y desplazaría definitivamente al masculino como género inclusivo. Asimismo, podría incluir a las personas trans o las que no se identifican con ninguno de los dos sexos. De ahí lo de niños, niñas y niñes, que no es más que una prevaricación ortográfica de la -e como morfema inclusivo y algo totalmente ajeno al sistema morfológico de la lengua española e innecesario, ya que el uso asentado del género inclusivo masculino cumple esa función.

Recuérdese cómo en 2008 la entonces ministra de Igualdad Bibiana Aído echó mano del término miembra para dirigirse a las diputadas presentes. Y, ¿qué decir de portavoza o de autoridada?

En fin, de lo que sí estoy seguro es del empeño de los nuevos inquisidores por demoler nuestra lengua tal y como la conocemos ahora; demolerla para construir sobre sus ruinas una poslengua en la que encuentren cobijo todos los monstruos verbales, semánticos, gramaticales y ortográficos que producen continuamente los portavoces y las portavozas de la corrección política.

Francisco Florit Durán es Catedrático de Literatura Española.

ESCRITO POR:

Francisco Florit Durán

Francisco de Asís Florit Durán es Catedrático de Literatura Española en la Universidad de Murcia