Nadie duda de que el gobierno del PSOE hará todo lo posible por indultar de nuevo en los próximos meses a uno de los suyos. Esta vez el afortunado será el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado por el Tribunal Supremo a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación. Menos afortunados seremos los contribuyentes, cuyos 700 millones robados en el caso ERE es muy probable que no volvamos a ver.

Nadie duda de que lo hará porque ya indultó a otros de los suyos: los delincuentes condenados por el intento de golpe de estado en Cataluña en 2017 y miembros de los partidos políticos de los que depende el gobierno socialista. Y lo hizo a pesar del informe en contra del Fiscal y del Tribunal Supremo, que ya apuntó que dicho indulto guardaría cierta analogía con el autoindulto prohibido en nuestra Constitución.

Y sin embargo no deja de ser paradójico que un gobierno de ideologías socialista y comunista y autodenominado progresista se sirva de una figura legal que, ya en su propio nombre («gracia del indulto») tiene reminiscencias de absolutismo monárquico cuando no de imperio romano, con José Antonio Griñán en la arena del Coliseo romano, esperando que el emperador Sánchez indique con su pulgar si le concede la gracia de sobrevivir. 

Y es que nuestra vigente «ley estableciendo las reglas para el ejercicio de la gracia del indulto», que dispone el carácter no vinculante de los informes de Fiscal y Tribunal sentenciador, es una concesión anacrónica al poder ejecutivo, al que permite disfrazar de discrecionalidad decisiones arbitrarias como las recientes del gobierno socialista – y las de otros gobiernos antes que el de Pedro Sánchez. Atribuir al gobierno la capacidad para dejar sin efecto las decisiones de los poderes legislativo y el judicial es un ataque frontal al principio de separación de poderes, que es el pilar de la democracia representativa y un freno para el abuso de poder. Mientras permanezca como una trasnochada prerrogativa del gobierno (en realidad, aunque sólo formalmente, del jefe de estado), la gracia del indulto estará bajo sospecha en España – y con razón: un análisis realizado por la Fundación CIVIO de todos los indultos publicados en el Boletín Oficial del Estado desde 1996 desvela que en estos 25 años ha habido 231 indultos a condenados por corrupción. El propio Pedro Sánchez presentó en 1996 una proposición de ley para que no se pudiera indultar en ningún caso a los condenados por delitos de corrupción. Ya quisieran los toros de lidia recibir en la plaza el trato que los gobiernos de España vienen dispensando a los corruptos.

El abuso de la figura del indulto no es algo exclusivo de nuestro país: Es famoso por ejemplo el perdón presidencial que Bill Clinton concedió en su último día de mandato a Marc Rich, millonario donante del partido demócrata fugado a Suiza. Por eso España debe aprovechar el debate actual para dar ejemplo de auténtico progreso eliminando de la legislación toda posibilidad de arbitrariedad, adaptando el derecho penitenciario para que sea éste guien regule cualquier rebaja de pena y devolviendo todas las decisiones al poder judicial. Y eliminado, por tanto, la figura del indulto tal y como la conocemos – desde hace siglos.

ESCRITO POR:

La Occidental