El 5 de julio de 1945, justo dos meses después de que hubiera terminado la II Guerra Mundial con el triunfo de los aliados, que habían tenido en Winston Churchill a su personalidad más importante y decisiva, se celebraron elecciones generales en el Reino Unido. En esas elecciones la derrota de los conservadores fue espectacular: los laboristas, con Clement Atlee de cabeza de cartel, obtuvieron 393 escaños y los tories, con Churchill de líder, 197. Cuenta la leyenda que, cuando le comunicaron al gran Sir Winston el catastrófico resultado obtenido a pesar de haber ganado nada menos que la Guerra Mundial más espantosa de la Historia, no mostró la menor sorpresa y dijo, con esa portentosa capacidad de síntesis que caracterizó siempre sus infinitas frases que se han hecho célebres: «los conservadores llevamos cinco años haciendo socialismo, es normal que ahora los ciudadanos hayan preferido el original a la copia». No sabemos si fueron exactamente así sus palabras, pero de lo que no cabe duda es de que es muy difícil no estar totalmente de acuerdo con el análisis que encierran.

Durante los años de la Guerra, los británicos habían tenido de facto un gobierno de concentración nacional que, aunque presidido por Churchill, había llegado a incorporar a los laboristas con Atlee como viceprimer ministro. Y durante esos años, para mantener el inmenso esfuerzo bélico que tuvieron que hacer, fue inevitable un crecimiento enorme de todo el sector público. De ahí las palabras de Churchill. Y de ahí la llegada de los laboristas al poder, donde van a estar más de seis años poniendo en práctica los principios que habían heredado de sus precursores, los socialistas fabianos.

Atlee llevó a cabo una serie inmensa de nacionalizaciones: las industrias básicas (gas, electricidad, carbón, siderurgia), los transportes (ferrocarril y aviación) y hasta el Banco de Inglaterra. Y además creó el todavía existente National Health Service (Servicio Nacional de Salud), que generalizó la asistencia sanitaria a todos los ciudadanos, y que se convirtió en símbolo del «welfare state», el «estado de bienestar». El NHS vino a decir a los británicos que ya no tenían que preocuparse por su salud porque el Estado iba a ocuparse de ella para siempre y, además, con los mejores medios.

A imitación de los ingleses, a partir de entonces todas las constituciones de los países europeos garantizan, de una u otra forma, el derecho a la salud. La Española, en su artículo 43, lo deja meridianamente claro: «Se reconoce el derecho a la protección de la salud».

De manera similar, también todas las constituciones europeas garantizan el derecho a la educación. En la nuestra tenemos el artículo 27 que dice en su punto 1 «todos tienen el derecho a la educación» y, en el 4, «la enseñanza básica es obligatoria y gratuita».

La manera de garantizar en la práctica esos dos derechos reconocidos, el de la salud y el de la educación, se ha convertido en el termómetro con el que se mide el grado de desarrollo del «estado de bienestar» en cada país. Curiosamente, el posible derecho a la alimentación no está recogido en nuestro texto constitucional; y el de la «vivienda digna y adecuada» cuenta con el artículo 47, pero su garantía no se suele computar a la hora de medir el nivel de bienestar, como sí se hace con los de educación y sanidad.

El reconocimiento de esos derechos supone un avance indiscutible. Pero las dudas surgen a la hora de comprobar cómo se garantizan. La tendencia que han seguido la mayoría de los países, y desde luego el nuestro, ha sido la que en los años cuarenta marcó el galés Aneurin Bevan, que fue el ministro de salud de Atlee; es decir, la de crear un inmenso aparato estatal para cuidar la salud de los ciudadanos. En España, ya desde los años del franquismo, se ha seguido la misma fórmula, con resultados en principio espectaculares. Aunque siempre ha quedado un resquicio para que la medicina privada se desarrolle de acuerdo con la demanda de los ciudadanos, ministros y exministros incluidos.

Sin embargo, en la educación no ha ocurrido lo mismo, puesto que una parte muy importante de padres españoles -de nuevo, ministros y exministros incluídos- han elegido y eligen escolarizar a sus hijos en colegios privados o concertados en vez de llevarlos a los establecimientos públicos. Lo que viene a demostrar que «lo público», eso que algunos sacralizan como si fuera de origen divino, no tiene por qué ser la mejor fórmula para satisfacer ese derecho a la educación o a la salud que todos estamos de acuerdo en reconocer. Además, la experiencia ha demostrado que la gestión privada de servicios de titularidad pública resulta casi siempre de mayor calidad y más económica para las arcas del Estado. Claro que eso nunca lo van a aceptar los que tienen sacralizado al Estado y, aunque a veces sólo de palabra, han convertido a «lo público» en uno de los dogmas de su religión.

El Estado debe garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una sanidad y a una educación de la máxima calidad, pero tan importante como ese acceso es que puedan elegir la que ellos quieran, que no tiene que ser necesariamente la pública.

ESCRITO POR:

La Occidental