Dicen los vendedores de coches que lo primero que mira todo el mundo es el maletero. Luego la gente normal prueba el puesto del conductor y después pregunta por el tipo de combustible. Los vendedores piensan que lo importante es el motor, la potencia, el par, la ingeniería mecánica, la cilindrada, el consumo o el diámetro de las ruedas. Pero nadie pide abrir el capó o medir un neumático. Y aun así se compra el coche.

Si tienes niños, además de coche, tienes colegio. Son las dos realidades más reales de la realidad diaria. En mi experiencia, funcionamiento, distancia e idiomas son los principales criterios de los padres a la hora de elegir uno de los 10.000 colegios de España para sus hijos. «Funcionamiento» va unido a «proyecto educativo» e «ideario». Los padres eligen un centro que funcione bien, con unos profesores y un trato normales, y cuyo ideario o ausencia de ideario sea clara y respetuosa. Y con mucho inglés. Realmente, la titularidad pública o privada es lo de menos si el centro cumple estos requisitos y la distancia es aceptable. Si un centro público tiene un buen proyecto, organización, equipo y nivel de inglés, será el elegido, ya que además es gratis. Si el centro no es así, los padres buscarán otra opción, pública o privada. Y la educación concertada o privada será una opción si económicamente les resulta asumible.

Esto es lo que todos los padres miran, pero además los hay que no quieren inglés sino inmersión en alemán o francés bilingüe. Otros que desean aprendizajes basados exclusivamente en proyectos o currículum americano. Los hay partidarios del bachillerato internacional o de las escuelas comprometidas totalmente con el medioambiente. Hay cada vez más colegios para jóvenes rebeldes y las escuelas terapéuticas para adolescentes con problemas de conducta.

Las aspiraciones de los padres son diversas. En un mundo multicultural y con grandes flujos migratorios la realidad de la escuela no puede ser única: No resulta fácil ofrecer tanta variedad en una misma aula. Por eso los padres eligen distintos tipos de educación dentro de los límites de la legalidad. Y por eso la legalidad debe aceptar la diversidad, no únicamente en el aula, pasándole la patata caliente al maestro, sino en la creación y elección de centros: Toda mediana o pequeña ciudad española debería poder ofrecer un menú abierto de centros escolares, generales o específicos, religiosos o no, bilingües o sin libros, sólo de varones o para niñas con problemas, especializados en síndromes, de escolarización mixta, enfocados a inmigrantes o a familias acogidas internacionalmente, con currículum británico o en catalán, aunque no estemos en Inglaterra o en Cataluña. Y todos con ayuda económica o gratuitos en su etapa básica.

Con ayuda económica porque, como hoy los niños son caros (antes metías cinco niños en un coche, y hoy en día con sus sillas, alzadores, cinturones, airbags laterales y pantalla dos niños ocupan un monovolumen grande) y la natalidad es baja (con las actuales cifras de natalidad a cada centro le tocarán sólo 33 alumnos por año), no hay más remedio que ayudar a los centros de todo tipo y condición, mientras no se trate de criaderos de terroristas o viveros de antisociales. Los centros de iniciativa privada deberían recibir apoyo estatal y los centros públicos deberían poder recibir también ayuda de particulares o suscribir contratos con empresas privadas.

Igualmente, como de hecho ya sucede en otros países, deberían favorecerse mecanismos innovadores de financiación como becas de supervivencia, becas vitalicias, cuentas de ahorro escolares personales o cheques no exclusivamente de escolaridad. La iniciativa debería estar abierta a todo aquel que tenga algo que aportar a la educación: particulares, empresas, parroquias, oenegés, fundaciones o asociaciones. El «quiénes somos» de la página web del colegio no puede ser siempre «el Estado», porque hay mucha gente ahí fuera que tiene algo que decir, mucho maestro o cooperativa con buenas ideas pero sin medios. También para ellos debe estar el dinero público, que no es más que el dinero privado que hemos juntado para asegurar que nuestro país funcione.

Mejorar la educación requiere financiar estas iniciativas, no solo permitirlas o empeñarse en ofrecer sólo aquellas que los titulares de prensa o los gobernantes consideren más adecuados. Así se ha entendido con la educación infantil de 0 a 3 años: no se trata sólo de permitirla, sino de financiarla. No se ha interpretado así, sin embargo, con la coeducación obligatoria en los centros concertados, o la inclusión radical.

Según el último informe de la OCDE, España está entre los países europeos con menor inversión en la escuela no estatal: dedica el 84,6% del presupuesto público de educación a la escuela estatal y el 15,4% restante a ayudas a otras iniciativas educativas (escuela concertada). Y estamos en el puesto 26 –y por debajo de la media– de la equidad tan buscada. Quizás porque no todos los alumnos necesitan el mismo camino y los mismos métodos para llegar al final. Eso los profesores lo sabemos.

Me acabo de comprar un pequeño coche urbano y lo primero que miré fue el maletero, luego me senté en el asiento del conductor y después pregunté si era híbrido o qué. Rechacé el modelo eléctrico porque era el doble de caro y, por mucha ayuda del Estado, no podía permitírmelo. Le pregunté a la vendedora si no había ayudas para personas que necesitáramos maletero grande o asiento de tamaño XL, y entre risas me contestó que no: «para las ayudas del Gobierno los coches se dividen en dos: eléctricos cien por cien, y todos los demás». Sí que es de risa.

ESCRITO POR:

Adrianey Arana

Adrianey Arana es profesor de colegio y autor de «Escúchame con los ojos».