sábado, 22 de octubre de 2022
Oficinas de PayPal en San José, California (EE.UU.) / PayPal
Esta semana he recibido de dos personas distintas un mismo video de una campaña supuestamente subvencionada por el Ministerio de Igualdad. Dice mucho, y muy mal, acerca de este ministerio que, a pesar de lo chabacano del video, a ninguna de las dos personas que me lo hicieron llegar, preparadas y sensatas, les sorprendió que el ministerio hubiera utilizado nuestro dinero para esos fines. Tampoco le sorprendió a Marta León, vicecoordinadora de Vox en la ciudad de Córdoba, que también difundió el video en sus redes sociales. Y sin embargo bastaba una búsqueda rápida en Internet para darse cuenta de que, aunque el video y su mal gusto sí era real, no lo era que fuera una campaña del Ministerio de Igualdad. Sabiendo lo fácil que es generar bulos creíbles hoy en día, pienso que todos deberíamos mantener un cierto escepticismo hacia las informaciones que nos llegan, y no hacernos eco de ellas sin hacer una comprobación mínima. Sobre todo si se tiene algún tipo de responsabilidad política. En todo caso, también creo que es mejor que exista libertad para poder reenviar esos contenidos, antes que permitir que empresas u organismos publicos censuren los contenidos que ellos consideren falsos.
Y precisamente es eso lo que ha hecho PayPal en Reino Unido hace algunas semanas, cancelando sin previo aviso la cuenta personal del periodista Toby Young, y de dos de las organizaciones fundadas por él: La Asociación para la Libertad de Expresión, y el diario digital Daily Sceptic. La razón inicial que le daba PayPal en los tres casos para cerrar las cuentas era «incumplir las políticas de uso», sin señalar qué artículo o qué política concreta de uso había incumplido, aunque Young sospechaba que lo más probable era que a alguien de PayPal no le gustaran los artículos que publica el Daily Sceptic criticando las políticas de confinamiento o la «emergencia climática». O la defensa que, por ejemplo, ha hecho la Asociación para la Libertad de Expresión de empleados cuyas empresas querían forzarles a actuar conforme a la ideología de género. Tras apelar, a Young le comunicaron que habían cerrado definitivamente sus cuentas por «promover el odio, la violencia o el racismo, o por divulgar bulos sobre el COVID», aunque de nuevo sin citar ningún contenido en concreto. Aún así, el día 27 de septiembre Paypal volvió a activar sus cuentas porque habían revisado la decisión que ellos mismos habían calificado antes de definitiva.
Sin embargo, ese mismo día PayPal actualizó sus condiciones de uso estableciendo multas de 2.500 dólares (que la compañía se tomaría la libertad de deducir directamente de las cuentas de los usuarios) para quienes divulgaran cualquier información que Paypal considerara falsa. Los cambios en la política finalmente no han llegado a entrar en vigor, porque Paypal la retiró después de que recibiera críticas de sus propios fundadores, alguno de los cuales llegó incluso a aconsejar a los usuarios retirar su dinero inmediatamente. Algunos lectores de La Occidental nos habéis sugerido que añadamos Paypal como uno de los métodos para el pago de las suscripciones – espero que esto ayude a entender por qué trataremos de evitarlo en lo posible.
La Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, ha dimitido después de tan sólo 44 días en el cargo. Tanto ella como su antecesor en el cargo, Boris Johnson, presentaron su dimisión como resultado de la presión de sus propios compañeros de partido, que pensaban que Johnson y Truss les arrastraban –a ellos y al país– al precipicio. Es una pena ver que en España, donde vamos hacia el precipicio aún más rápido, es difícil imaginarse a diputados o cargos del PSOE o de Podemos con la valentía para hacier lo mismo con Pedro Sánchez. Ningún diputado se atrave a contradecir a sus líderes aunque sean éstos los que vayan contra la ideología del partido. Una honrosa excepción es Cayetana Álvarez de Toledo, que ha votado en contra de las directrices de los líderes del Partido Popular, pero en línea con los principios, tanto con Pablo Casado como con Alberto Feijóo. Una deshonrosa excepción es el diputado del Partido Popular Alberto Casero, que también ha votado varias veces en sentido contrario al indicado por su partido, pero en su caso ha sido siempre por error.
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